¿Cuida a un familiar con enfermedad mental? La Corte Constitucional dijo quién decide y cómo protegerse
Internar a un ser querido «por su bien» no es tan sencillo, pero la familia que cuida tampoco está sola. Le contamos qué dijo la Corte en la Sentencia T-301 de 2026.

Imagine a doña Marta (es un ejemplo, no un caso real). Tiene 64 años y vive con su hijo de 38, que tiene esquizofrenia. Cuando él deja la medicina y vuelve a consumir, la casa se convierte en un campo minado: gritos, puertas golpeadas y una madre que duerme con un ojo abierto. Un día, desesperada, piensa: «Lo interno, así él no quiera. Es por su bien».
¿Puede hacerlo? ¿Y quién la protege a ella mientras tanto? La Corte Constitucional respondió las dos preguntas en la Sentencia T-301 de 2026, y la respuesta le interesa a miles de familias colombianas que cuidan, en silencio, a un ser querido con una enfermedad mental o una adicción.
La historia detrás del fallo
Una mujer de Popayán presentó una tutela en nombre de su hijo, diagnosticado con esquizofrenia y con consumo problemático de sustancias. El psiquiatra de la EPS había ordenado internarlo, pero los centros de salud mental no lo recibieron porque él no aceptó ir. Mientras tanto, la familia vivía episodios de violencia en la casa.
El juez negó la tutela. Mientras el proceso seguía su curso, la familia pagó de su bolsillo un centro privado de rehabilitación y lo internó allí sin su consentimiento, en un programa de 12 meses.
La Sala Quinta de Revisión, con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, dictó la sentencia el 16 de septiembre de 2026 (expediente T-11.551.687). Y lo que dijo deja lecciones para todos.
Primera lección: la decisión es del paciente
La Corte recordó que una enfermedad mental no le quita a nadie el derecho a decidir sobre su propia vida. En palabras de la sentencia, las personas con diagnóstico psiquiátrico:
«conservan su capacidad jurídica y su derecho a participar en las decisiones que les afectan, con los apoyos que resulten necesarios» (Síntesis de la Sentencia T-301 de 2026).
Lo dice también la ley desde 2019:
«Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos» (Ley 1996 de 2019, artículo 6, inciso primero).
Por eso la Corte fue tajante con la familia, aun reconociendo su buena fe:
«aun partiendo de las mejores intenciones, ninguna persona ni su familia pueden sustituir las decisiones del titular de los derechos» (fundamento jurídico 202).
¿Significa que nunca se puede internar a alguien? No. Pero la puerta es estrecha. Según la sentencia, la internación por motivos psiquiátricos «solo es constitucionalmente admisible de manera excepcionalísima, temporal, necesaria y proporcional» (Síntesis). Además, el «sí» del paciente no se pide una sola vez: «el consentimiento es un acto que se da no solo al momento de iniciar un tratamiento, sino que debe preservarse durante su realización» (fundamento jurídico 199).
En este caso, la Corte encontró que la internación sí era excepcional y necesaria, pero falló en tres cosas: no tenía el consentimiento del paciente, nadie justificó por qué debían ser exactamente 12 meses y no existía un plan para su regreso a la vida en comunidad. Ojo: como el tratamiento estaba funcionando, la Corte no ordenó sacarlo de inmediato, sino corregir el rumbo.
Segunda lección: quien cuida también tiene derechos
La Corte tampoco se olvidó de la madre. Señaló que el Estado debe «adoptar medidas que dignifiquen las formas de cuidado, así como garantizar que los cuidadores puedan ejercer sus derechos, incluyendo el acceso al trabajo, al descanso, a la salud y a la seguridad social» (fundamento jurídico 149).
Y lo convirtió en órdenes concretas. Le ordenó a la Secretaría de Salud de Popayán darle a la madre, entre otras cosas, «acceso preferente a las iniciativas dirigidas a población vulnerable, mujeres cuidadoras y personas que viven con familiares con trastornos mentales y consumo de sustancias» (resolutivo sexto). Y a la Personería, «explicarle de manera clara las rutas de protección existentes (incluidas, si es del caso, las relacionadas con violencia intrafamiliar)» (resolutivo séptimo).
¿Qué significa para usted?
- Si su familiar con enfermedad mental se niega a un tratamiento, no tome la decisión de internarlo por su cuenta: hable primero con el psiquiatra tratante y pida alternativas menos restrictivas.
- Si la EPS se limita a ordenar una internación que el paciente rechaza, insista en que lo remita de nuevo a valoración para buscar otras opciones. La Corte le reprochó a la EPS no haberlo hecho.
- Si en casa hay agresiones, puede pedir medidas de protección ante la Comisaría de Familia.
- Si su familiar necesita ayuda para decidir, existen los acuerdos de apoyo y la adjudicación judicial de apoyos de la Ley 1996 de 2019.
- Guarde la historia clínica, las órdenes médicas y los registros de cada episodio: son su mejor prueba si tiene que acudir a un juez.
Estos casos mezclan salud, familia y derechos fundamentales, y un paso en falso puede costar caro. Contar con un abogado o una abogada de familia hace la diferencia entre improvisar y proteger de verdad a los suyos.
En GALVIS GIRALDO Legal Group lo acompañamos. Escríbanos a [email protected], por WhatsApp al +57 316 335 2525 o llámenos al +57 601 813 8091.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría jurídica para un caso particular.



